Diana Reyes
Los días 4 y 5 del pasado mes de junio la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el marco del 75 aniversario del Instituto de Investigaciones Jurídicas, llevó a cabo el seminario internacional “La abogacía en México: su responsabilidad social y el sistema pro bono”, que reunió a representantes de la sociedad civil, instituciones universitarias, defensoría de oficio, bufetes jurídicos y organizaciones internacionales, para analizar y exponer las tareas pendientes con el fin de lograr una visión comparada.
La inauguración se llevó a cabo en el Auditorio Héctor Fix-Zamudio del instituto, donde estuvieron presentes Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); Jorge Madrazo Cuéllar, director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Seattle, y Óscar Cruz Barney, coordinador del seminario.
En la exposición introductoria, Madrazo Cuéllar reconoció la sinergia del centro y del instituto; indicó que es la tercera ocasión en que se reúnen para analizar estos temas, y señaló que en México aún hay muchas barreras por vencer, una de las cuales es la proliferación de escuelas de Derecho, lo que da como consecuencia que millones de mexicanos no tengan un efectivo acceso a la justicia, ni a la jurisdicción del Estado.
Durante su participación, el ombudsman nacional declaró que para la CNDH es indispensable que todas las personas puedan tener una representación legal, pertinente, accesible y oportuna cuando acudan ante una instancia de impartición de justicia.
“Universidades e instituciones de educación superior, como la UNAM, han incursionado en el campo de la representación jurídica gratuita; no obstante, aún no se satisface integralmente la demanda de servicios legales que tiene nuestra sociedad”, precisó. El sistema pro bono todavía no ha sido estudiado como una vía para que los abogados asuman la responsabilidad social y contribuyan a generar una sociedad más justa, libre e igualitaria; es necesario poner como premisa en la actividad diaria trabajar por el bien de México.
Hizo un llamado a las asociaciones de abogados y a los despachos profesionales para que pongan al servicio de las causas más urgentes de México su experiencia y sus conocimientos, para que con plena conciencia social, vocación de servicio y un ánimo altruista, asuman la defensa de casos y personas que sin su intervención difícilmente podrían acceder a la justicia a la que todos tenemos derecho.
En el marco de la clausura, González Pérez anunció que la CNDH entregará anualmente un reconocimiento a la responsabilidad social de los abogados que tenga por objeto dar testimonio y reconocer ante la sociedad mexicana los trabajos y los esfuerzos que de manera altruista puedan emprender despachos y profesionales independientes en el área jurídica.
Durante su intervención, Pedro Salazar consideró que es necesario concebir al Derecho como un instrumento útil para transformar la realidad. Indicó que la profesión jurídica debe ser vista desde una perspectiva de responsabilidad social a nivel nacional y mundial.
La mesa referente al tema “La responsabilidad social de la abogacía” contó con la participación de José Ramón Antón, de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, quien centró su exposición en la forma en que se debe analizar cómo los colegios de abogados deben posicionarse con respecto a esta responsabilidad, la cual es de carácter voluntario y exige una actitud proactiva.
No obstante, consideró tres tipos de riesgos: 1) calidad (no por ser voluntario se tiene que demeritar su servicio); 2) sustitución (que la abogacía no sustituya la obligación del Estado de pagar a defensores públicos), y 3) el concepto de marca y los beneficios fiscales, principalmente utilizados en Estados Unidos.
Por su parte, Carmen Pérez Andújar, miembro de la junta de gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, hizo votos para que en México se apruebe la colegiación obligatoria. Indicó que la deontología siempre tiene que estar dentro de los colegios profesionales. Refirió que desde el año 2008 se creó el Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía Madrileña, con el objetivo de atender la responsabilidad social del colegio y de los abogados.
Diana Singleton, del Access to Justice Institute, de la Universidad de Seattle, habló del trabajo que realizan al servicio de las personas más vulnerables de la sociedad, y declaró la urgencia de crear una cultura pro bono en las escuelas de Derecho: “En los estados de Nueva York, Montana, California, Nueva Jersey y Connecticut es necesario comprobar que se realizaron 50 horas de servicio pro bono para poder graduarse y acceder a un puesto laboral”.
La mesa de análisis “La experiencia mexicana” tuvo como ponente a Alfonso Pérez Cuéllar Martínez, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, quien expuso la necesidad de una mayor difusión, clara y sencilla, de las obligaciones y los derechos fundamentales de la ciudadanía.
En materia de colegiación y certificación obligatoria indicó que la iniciativa ya está en el Senado de la República y posteriormente será acompañada de unaLey General de Abogacía Mexicana. Reconoció el trabajo de los tres principales colegios de abogados en México para consolidar el impulso de la reforma constitucional en esta materia.
Durante su intervención, Julio Copo Terrés, de la Fundación Barra Mexicana, refirió que una vez al semestre acude a la Barra Mexicana de Abogados para hablar a los estudiantes sobre la responsabilidad social; indicó que en la fundación los barristas ponen al servicio de la comunidad sus capacidades en temas de interés social, mediante el sistema pro bono o el litigio estratégico.
Marisol González Ortega Roque, miembro de la coordinación pro bono de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y del consejo de la Fundación Appleseed en México, declaró que la ANADE está muy comprometida con el trabajo pro bono, motivo por el cual creó la coordinación general en esa materia, la cual apoya diversos temas, entre los que destaca la iniciativa “Adopta una A.C.” Aseguró que es muy importante contar con una norma que regule el funcionamiento pro bono para que sea medible, cuantificable y demostrable.
Appleseed y la ANADE pretenden crear un premio con el que se reconozca la trayectoria y la labor de abogados y bufetes jurídicos en materia pro bono.
Al clausurar el evento, Óscar Cruz Barney resumió las conclusiones a las que llegó el seminario: 1) La abogacía sirve al interés público de la justicia, y tiene obligaciones no sólo frente al cliente, los jueces o los tribunales, sino fundamentalmente ante la sociedad. 2) El cumplimiento de las obligaciones sociales de los abogados es parte fundamental de su ejercicio profesional y elemento necesario para la consolidación del Estado de Derecho y de la preservación de la paz social. 3) El acceso a la justicia de las personas, grupos o comunidades en situación de desventaja o exclusión social debe ser posible mediante la acción de los abogados y de los mecanismos de defensoría pública dependientes del Estado. 4) La participación de abogados en tareas de asesoramiento y formación para colectivos o comunidades vulnerables es fundamental y debe promoverse en los colegios de abogados, las universidades y las entidades de educación superior, haya o no colegiación obligatoria. 5) Es necesario inculcar la cultura de la responsabilidad social de la abogacía y del trabajo pro bono en la formación de los abogados. 6) La colegiación obligatoria de la abogacía es el medio idóneo para organizar y promover un ejercicio profesional responsable socialmente y un servicio social y trabajo por bono organizado, medible y reportable
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