Al margen
El anuncio que hizo la abogada Margarita Zavala sobre su interés por contender en las elecciones presidenciales de 2018 inquietó a más de uno. Aunque ahora las cosas no le pintan bien al interior del PAN, en tres años puede haberse convertido en una fuerza imbatible y los adocenados panistas que ahora hacen y deshacen al interior del partido, acabarán apoyándola. Pero las inquietudes también se han expresado en el PRI y en la izquierda: Margarita Zavala es, por mucho, la primera dama más preparada y empática que ha tenido México. Seduce a mujeres, a clases medias y a muchos empresarios. Puede arrebatarle votos hasta a Morena. Los gatilleros que han salido a criticarla en los medios no lo han hecho gratuitamente.
Si algo había estado faltando a la Procuraduría General de la República desde hace años era el acercamiento de su titular a las víctimas y a los grupos afectados por la delincuencia. El procurador es el servidor público encargado de hacer valer la acción penal y, por ende, de ejercer una de las funciones más delicadas del Estado. Pero esto no va reñido con la cordialidad y el buen trato. La procuradora Arely Gómez lo ha entendido así y desde que asumió el cargo se ha esmerado en tender puentes con estos grupos y con la sociedad civil.
A los taxistas que bloquearon algunas vialidades de la Ciudad de México para exigir que el gobierno capitalino prohibiera la competencia que les representan Uber y Cabify, les salió el tiro por la culata: se elevó el número de clientes de ambas empresas de modo espectacular. Qué bueno. Los mercados suelen privilegiar a quienes brindan mejores servicios a un precio más barato. Desafortunadamente, las autoridades del D.F. y de algunas entidades federativas se han preparado para cerrar el camino a la competencia, como ocurre habitualmente en México.
Las autoridades olvidan que cuando un monopolio logra eliminar a la competencia, de algún modo elimina, también, el crecimiento de un país. Nuestras leyes aún son muy frágiles a la hora de cerrar el paso a las prácticas monopólicas que tanto han dañado y siguen dañando a nuestra economía.
Bien hicieron los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) al cerrar filas en torno de su presidente. Más allá de su exabrupto telefónico, Lorenzo Córdova es uno de los abogados que mejor conocen el Derecho electoral en México y ha demostrado su prudencia y su valor en muchos de sus votos. Aunque el INE se ha ganado a pulso buen número de críticas, la grabación que se hizo ilegalmente a Córdova no debe ser otro pretexto para denostarlo. Aducir que, con su comentario, “violó el derecho de los indígenas para determinar sus formas de gobierno” es un disparate. Más atención hay que poner, en cambio, a los exorbitantes sueldos de los consejeros y sus asesores, así como en las “deferencias” que ha tenido el INE con el Partido Verde Ecologista.
Se asegura que luego de la dificilísima elección de Luis María Aguilar, el ambiente sigue tenso en la Suprema Corte: la ministra Luna Ramos siente que se tiene una deuda con ella por haber “cedido” su candidatura a favor de Aguilar; los antes grandes amigos Franco y Cossío se han distanciado más allá de los sanos límites y los bloques se antojan más contrapunteados que nunca. El que reaccionó con mayor madurez después del proceso fue, paradójicamente, el que debía considerarse el principal afectado: Arturo Zaldívar.
¿Qué hicieron las bancadas del Senado con los más de 1,336 millones de pesos que recibieron en 2014, fuera de las partidas autorizadas por los propios legisladores? Nunca lo sabremos. Como estas cantidades no son auditables, se utilizan de forma discrecional. Eso sí, se informó puntualmente que el dinero pasó por sus manos. El combate a la corrupción debería empezar por suprimir toda partida no auditable.
A propósito de prácticas corruptas —o con sospechas de serlo—, mientras ninguna figura eminente vaya a dar a prisión porque se le haya probado una desviación de recursos públicos, el Sistema Nacional Anticorrupción y sus 19 leyes secundarias serán mera simulación. “Nada hay más eficaz para combatir la corrupción —escribió Tácito hace 2,000 años— que aplicar las leyes contra las altas personalidades.” No se explica que todo mundo vea la corrupción por doquier y nadie sea castigado por ella.
Por doloroso que se antoje, tiene razón María de los Ángeles Fromow, la responsable de impulsar los juicios orales a nivel federal, cuando asegura que estos juicios apenas tendrán una base en 2016 cuando, de acuerdo con nuestra Constitución, ya debieran estar operando a todo motor. La reforma al sistema de justicia —lo dijimos en su momento— implicaba un cambio cultural y no sólo reformas a la Constitución y a la ley. “En Chile y Colombia —se excusó Fromow— tardaron 15 o 20 años en ponerlo en marcha.”
De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2015, elaborado por la organización World Justice Project, México es uno de los países peor calificados en materia de seguridad, al ubicarse en el lugar 79 de las 102 naciones evaluadas. Algunos de los aspectos tomados en cuenta para asignar la calificación son la ausencia de corrupción, el respeto a los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, el cumplimiento normativo y la justicia penal. La buena noticia es que estamos mejor ubicados que Afganistán, Paquistán, Irán, Kenia, Uganda, Nigeria, Venezuela, Nicaragua y Sierra Leona.
A pesar del activismo que desplegaron los abogados Javier Quijano y Xavier Cortina, a efecto de que la Suprema Corte de la Nación atrajera el recurso de queja promovido por MVS contra la decisión de un juez federal de admitir el amparo que promovió Carmen Aristegui, no consiguieron su propósito. El asunto volverá, por tanto, a un tribunal colegiado de circuito. ¿MVS es una autoridad responsable como lo consideró el juez que admitió el amparo de la periodista? El Quinto Tribunal Colegiado del Distrito Federal deberá decidirlo en los próximos días. Hay que esperar, no obstante, que Quijano y Cortina busquen otro motivo para que el asunto acabe en la Corte.
La noticia de que Javier Laynez y Julián Olivas fueron confirmados como magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa es estupenda. Ambos son dos pesos pesados en materia de Derecho administrativo. Nombramientos como estos hablan muy bien del presidente Enrique Peña Nieto y fortalecen nuestras instituciones jurídicas.
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