La lucha a la corrupción no se trata de voluntades, se trata de edificar y consolidar mecanismos e instituciones que puedan detectar y sancionar este mal de manera constante. En México la corrupción ha estado aumentando de manera constante en los últimos años, con nuestra nación ubicada actualmente en el lugar 100 de 183 del índice de Transparencia Internacional (tan corruptos como en Suazilandia, Burkina Faso o Tanzania) (link). El fenómeno ha ido en aumento. En 2010 el costo de la corrupción en México excedió los 32 mil millones de pesos, un incremento de cinco mil millones de pesos con respecto a 2007. En 2001 nuestro país ocupaba el lugar 51 de 178 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, para 2012 pasó al 98. No es fortuito que el crecimiento de la corrupción se presente a la par del de la violencia (ver gráfico).
El crimen organizado encuentra apoyo social, político y económico en un entorno que favorece la corrupción. Un México seguro castigará la corrupción y promoverá la legalidad. Pero los fines sin medios carecen de validez, es necesario presentar medidas concretas para atender este mal. Por ahora diferentes actores han hablado de dotar de autonomía presupuestaria y de gestión a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de sacarla del control directo del Ejecutivo etcétera (un par de ejemplos: 1 y 2). Explorar casos de éxito globales no está de más y podría dar algunas buenas ideas sobre el sendero que México debe emprender en la materia.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha tratado el tema. De acuerdo a su estudio Specialised Anti-corruption Institutions: Review of Models(link) compara los ejemplos internacionales de instituciones especializadas en la detección y abatimiento de este mal.
La creación de instituciones especializadas en el combate a la corrupción resulta conveniente cuando las instituciones existentes no resultan eficaces en la obtención de resultados. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU) establece la necesidad de dos tipos de instituciones para abatir la corrupción: una que la prevenga y otra que la combata por medio de la aplicación de la ley. La prevención y el combate a su vez involucra a una serie de funciones variadas: la investigación (elaboración de diagnósticos), el monitoreo y la coordinación entre autoridades.
En el aparato gubernamental deben promoverse y aplicarse contrapesos, marcos regulatorios y castigarse los actos de corrupción que ocurran. Se debe dar seguimiento a la declaración patrimonial a funcionarios públicos y dar apertura a su acceso. Otras medidas preventivas incluyen las políticas para combatir el lavado de dinero y el monitoreo financiero por parte de las instituciones públicas. La transparencia expedita de toda la información pública es fundamental para establecer un cuerpo funcional de regulaciones en materia de prevención de corrupción (en México hay grandes pendientes en este punto).
Las acciones educativas también resultan de enorme importancia. La OCDE menciona que es necesario enfocarlas hacia el sector público y académico. En este sentido México Unido Contra la Delincuencia dentro de su programa de Cultura de la Legalidad promueve el apego y la aplicación a la ley en escuelas, empresas y en instancias gubernamentales (link).
Luego están las acciones de investigación y persecución de la corrupción que incluyen sanciones que disuaden de estos actos. Es muy importante que al aplicar estas leyes exista una coordinación eficaz entre autoridades de diferentes ámbitos como policiales, hacendarias, financieras, de monitoreo autónomo etcétera. La generación constante de información y su monitoreo son otras tareas de enorme importancia.
Tanto el Consejo Anti-Corrupción Europeo como las Naciones Unidas coinciden que los órganos especializados para funcionar deben contar con autonomía, suficiencia de recursos y personal especialmente capacitado. Es muy importante que estas instituciones se mantengan ajenas a la intervención política.
La autonomía debe reforzarse con certeza jurídica, transparencia, controles internos y con un departamento de contratación al interior de la institución. La OCDE recomienda que se establezca una periodicidad para la presentación de reportes concernientes al monitoreo de la corrupción a los órganos legislativos y mantener una estrecha colaboración con la sociedad civil organizada y la iniciativa privada.
Para el caso mexicano (el de un país en desarrollo) la tendencia global muestra un patrón hacia el establecimiento de instituciones especializadas autónomas dados los niveles de corrupción en el aparato gubernamental y de justicia. Es necesario procurar la especialización de cuadros, garantizar la independencia de recursos y determinar funciones de manera clara.
Las atribuciones son otro factor clave, estas instituciones deben contar con la capacidad de investigar, aglutinar evidencias e iniciar procedimientos legales. Por ejemplo deben contar con la atribución legal de acceder a datos financieros, intervenir comunicaciones, llevara acabo operaciones encubierto, congelar cuentas de bancos y monitorear sus movimientos y ofrecer programas de protección a testigos. Los funcionarios deben formar equipos multidisciplinarios que van desde investigadores hasta expertos en seguridad informática, pasando por abogados.
Samuel León, Coord. de Redes Sociales
Programa de Cultura de la Legalidad
Publicación de México Unido Contra la Delincuencia, A.C.
Publicación de México Unido Contra la Delincuencia, A.C.
culturadelalegalidad
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