Reconocerá Día del abogado a candidatos independientes electos

MÉXICO, DF, 1 de julio de 2015.- Como una tradición desde 1960 para conmemorar la profesión, la Institución Nacional para la Celebración del Día del Abogado, A.C. (INCDA), anunció la celebración de su día el próximo 12 de julio, en el que reconocerá con el Premio Nacional Francisco I. Madero a la labor Democratizadora a quienes desde la trinchera de la vía independiente lograron triunfar en las pasadas elecciones del 7 de junio, entre ellos a Jaime Rodríguez Calderón El Bronco en Nuevo León, Manuel Clouthier Carrillo en Sinaloa, Alfonso Martínez Alcázar en Michoacán y Pedro Kumamoto en Jalisco. 

En el marco del 55 aniversario del Día del Abogado, el presidente de la INCDA, Jorge Eduardo Pascual López, detalló que la ceremonia a realizarse en la ciudad de México asistirán juristas de todo el país, así como personalidades de la esfera política mexicana, donde el ex procurador General de la República, Rafael Macero de la Concha recibirá el máximo reconocimiento que es la medalla Manuel Crescencio Rejón. Días previos, el 10 y 11 de julio, se instituye el Primer Día Iberoamericano del Abogado, de la mano de un Foro Iberoamericano de Juristas, con la presencia de juristas de España, Panamá, Colombia, Costa Rica, Uruguay y Venezuela, entre otros; lo que le da un tenor internacional además por la participación de embajadores y cónsules de países participantes. 

El Día del abogado será presidido por el Consejo General del INCDA y su presidente Pascual López, y se reconocerá también gobernador del estado de Durango, Jorge Herrera Caldera; el de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz; al presidente electo de la Federación Interamericana de Abogados en Washington; al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Eduardo Andrade Vera; y al magistrado Luis Octavio Porte Petit. También al presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México de la CONCAAM, Óscar Juárez; al ex magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario, Marco Vinicio Martínez Guerrero; al coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro; y a los maestros emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM, Agustín Arias Lazo y Ricardo Franco Guzmán. 

En el evento se otorgará a los juristas y abogados del país, y a los invitados de honor de otros países participantes en el II Foro Iberoamericano de Abogados, que en las distintas ramas de su profesión hayan destacado en el servicio, promoción y respeto del orden jurídico, reconocimientos y Honoris Causa.

El texto original de Éste artículo fue publicado por Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://mexico.quadratin.com.mx/Reconocera-Dia-del-abogado-a-candidatos-independientes-electos/

Julio 2015

Al margen

El anuncio que hizo la abogada Margarita Zavala sobre su interés por contender en las elecciones presidenciales de 2018 inquietó a más de uno. Aunque ahora las cosas no le pintan bien al interior del PAN, en tres años puede haberse convertido en una fuerza imbatible y los adocenados panistas que ahora hacen y deshacen al interior del partido, acabarán apoyándola. Pero las inquietudes también se han expresado en el PRI y en la izquierda: Margarita Zavala es, por mucho, la primera dama más preparada y empática que ha tenido México. Seduce a mujeres, a clases medias y a muchos empresarios. Puede arrebatarle votos hasta a Morena. Los gatilleros que han salido a criticarla en los medios no lo han hecho gratuitamente.

Si algo había estado faltando a la Procuraduría General de la República desde hace años era el acercamiento de su titular a las víctimas y a los grupos afectados por la delincuencia. El procurador es el servidor público encargado de hacer valer la acción penal y, por ende, de ejercer una de las funciones más delicadas del Estado. Pero esto no va reñido con la cordialidad y el buen trato. La procuradora Arely Gómez lo ha entendido así y desde que asumió el cargo se ha esmerado en tender puentes con estos grupos y con la sociedad civil.

A los taxistas que bloquearon algunas vialidades de la Ciudad de México para exigir que el gobierno capitalino prohibiera la competencia que les representan Uber y Cabify, les salió el tiro por la culata: se elevó el número de clientes de ambas empresas de modo espectacular. Qué bueno. Los mercados suelen privilegiar a quienes brindan mejores servicios a un precio más barato. Desafortunadamente, las autoridades del D.F. y de algunas entidades federativas se han preparado para cerrar el camino a la competencia, como ocurre habitualmente en México. 

Las autoridades olvidan que cuando un monopolio logra eliminar a la competencia, de algún modo elimina, también, el crecimiento de un país. Nuestras leyes aún son muy frágiles a la hora de cerrar el paso a las prácticas monopólicas que tanto han dañado y siguen dañando a nuestra economía.

Bien hicieron los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) al cerrar filas en torno de su presidente. Más allá de su exabrupto telefónico, Lorenzo Córdova es uno de los abogados que mejor conocen el Derecho electoral en México y ha demostrado su prudencia y su valor en muchos de sus votos. Aunque el INE se ha ganado a pulso buen número de críticas, la grabación que se hizo ilegalmente a Córdova no debe ser otro pretexto para denostarlo. Aducir que, con su comentario, “violó el derecho de los indígenas para determinar sus formas de gobierno” es un disparate. Más atención hay que poner, en cambio, a los exorbitantes sueldos de los consejeros y sus asesores, así como en las “deferencias” que ha tenido el INE con el Partido Verde Ecologista.

Se asegura que luego de la dificilísima elección de Luis María Aguilar, el ambiente sigue tenso en la Suprema Corte: la ministra Luna Ramos siente que se tiene una deuda con ella por haber “cedido” su candidatura a favor de Aguilar; los antes grandes amigos Franco y Cossío se han distanciado más allá de los sanos límites y los bloques se antojan más contrapunteados que nunca. El que reaccionó con mayor madurez después del proceso fue, paradójicamente, el que debía considerarse el principal afectado: Arturo Zaldívar.

¿Qué hicieron las bancadas del Senado con los más de 1,336 millones de pesos que recibieron en 2014, fuera de las partidas autorizadas por los propios legisladores? Nunca lo sabremos. Como estas cantidades no son auditables, se utilizan de forma discrecional. Eso sí, se informó puntualmente que el dinero pasó por sus manos. El combate a la corrupción debería empezar por suprimir toda partida no auditable.

A propósito de prácticas corruptas —o con sospechas de serlo—, mientras ninguna figura eminente vaya a dar a prisión porque se le haya probado una desviación de recursos públicos, el Sistema Nacional Anticorrupción y sus 19 leyes secundarias serán mera simulación. “Nada hay más eficaz para combatir la corrupción —escribió Tácito hace 2,000 años— que aplicar las leyes contra las altas personalidades.” No se explica que todo mundo vea la corrupción por doquier y nadie sea castigado por ella.

Por doloroso que se antoje, tiene razón María de los Ángeles Fromow, la responsable de impulsar los juicios orales a nivel federal, cuando asegura que estos juicios apenas tendrán una base en 2016 cuando, de acuerdo con nuestra Constitución, ya debieran estar operando a todo motor. La reforma al sistema de justicia —lo dijimos en su momento— implicaba un cambio cultural y no sólo reformas a la Constitución y a la ley. “En Chile y Colombia —se excusó Fromow— tardaron 15 o 20 años en ponerlo en marcha.”

De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2015, elaborado por la organización World Justice Project, México es uno de los países peor calificados en materia de seguridad, al ubicarse en el lugar 79 de las 102 naciones evaluadas. Algunos de los aspectos tomados en cuenta para asignar la calificación son la ausencia de corrupción, el respeto a los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, el cumplimiento normativo y la justicia penal. La buena noticia es que estamos mejor ubicados que Afganistán, Paquistán, Irán, Kenia, Uganda, Nigeria, Venezuela, Nicaragua y Sierra Leona.

A pesar del activismo que desplegaron los abogados Javier Quijano y Xavier Cortina, a efecto de que la Suprema Corte de la Nación atrajera el recurso de queja promovido por MVS contra la decisión de un juez federal de admitir el amparo que promovió Carmen Aristegui, no consiguieron su propósito. El asunto volverá, por tanto, a un tribunal colegiado de circuito. ¿MVS es una autoridad responsable como lo consideró el juez que admitió el amparo de la periodista? El Quinto Tribunal Colegiado del Distrito Federal deberá decidirlo en los próximos días. Hay que esperar, no obstante, que Quijano y Cortina busquen otro motivo para que el asunto acabe en la Corte.

La noticia de que Javier Laynez y Julián Olivas fueron confirmados como magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa es estupenda. Ambos son dos pesos pesados en materia de Derecho administrativo. Nombramientos como estos hablan muy bien del presidente Enrique Peña Nieto y fortalecen nuestras instituciones jurídicas.

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REFRENDA SEDENA COMPROMISO A FAVOR DE LA LEY

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, ofreció la entrega, lealtad y respeto de las Fuerzas Armadas y sus integrantes a favor de las mejores causas de México, la seguridad y el respeto a la ley. Al recibir del Consejo Nacional de la Abogacía, la medalla Joaquín Amaro Domínguez al Mérito Militar, aseguró que en los retos del cambio que enfrenta México cuenta absolutamente con sus soldados, marinos y pilotos, quienes cumplirán a toda costa con su deber dentro de la ley.

Explicó que para garantizar la seguridad en el país, los elementos de las Fuerzas Armadas mantienen la firme voluntad sin bajar la guardia para cumplir con su deber y coadyuvar en la construcción de un México en paz, con respeto a la ley y a los derechos humanos.

Acompañado por los generales Jesús Gabriel López Benítez, procurador de Justicia Militar, y José Carlos Beltrán Benítez, director de Derechos Humanos de Sedena, el secretario Cienfuegos Zepeda aseguró que a los elementos de las Fuerzas Armadas “no les falta ni les faltará valor para enfrentar los retos que encara el país”. Así como para construir el México de respeto a la legalidad que entre todos estamos construyendo en esta etapa de significativos cambios.

Agradeció a los abogados esta medalla, la cual dijo, “entiendo como un reconocimiento a la lealtad y compromiso de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas con México, incluyendo aquellos que han muerto o han sufrido graves heridas en la labor de proteger a los ciudadanos. En México, aseguró, vivimos una etapa de profundos cambios donde la voluntad democrática del país se expresa a través del respeto a las leyes y a las instituciones y en ese proceso el pueblo mexicano cuenta con sus Fuerzas Armadas que se han ganado el respeto y la confianza de los ciudadanos.

Previamente, el presidente del Consejo Nacional de la Abogacía, Jorge García Villalobos, reconoció el esfuerzo del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, por participar en las labores de seguridad pública y protección ciudadana que han debido enfrentar.

Los soldados, marinos y pilotos no están preparados para este tipo de labor, sin embargo la han enfrentado con patriotismo y entrega, aprendiendo sobre la marcha el difícil equilibrio entre el combate a la delincuencia organizada y el respeto a los derechos humanos.

En ese sentido, valoró el esfuerzo de las Fuerzas Armadas y reconoció que éstas se mantendrán apoyando esa labor durante el tiempo que sea necesario hasta que las autoridades civiles recuperen el pleno control de la seguridad pública.

 Entre tanto, ofreció el respaldo de los abogados de México a la labor de las Fuerzas Armadas para facilitar el cumplimiento de sus labores de seguridad y al mismo tiempo el respeto irrestricto a los derechos de los ciudadanos.

Responsabilidad social de los abogados y Sistema pro bono

Diana Reyes

Los días 4 y 5 del pasado mes de junio la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el marco del 75 aniversario del Instituto de Investigaciones Jurídicas, llevó a cabo el seminario internacional “La abogacía en México: su responsabilidad social y el sistema pro bono”, que reunió a representantes de la sociedad civil, instituciones universitarias, defensoría de oficio, bufetes jurídicos y organizaciones internacionales, para analizar y exponer las tareas pendientes con el fin de lograr una visión comparada.

La inauguración se llevó a cabo en el Auditorio Héctor Fix-Zamudio del instituto, donde estuvieron presentes Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); Jorge Madrazo Cuéllar, director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Seattle, y Óscar Cruz Barney, coordinador del seminario.

En la exposición introductoria, Madrazo Cuéllar reconoció la sinergia del centro y del instituto; indicó que es la tercera ocasión en que se reúnen para analizar estos temas, y señaló que en México aún hay muchas barreras por vencer, una de las cuales es la proliferación de escuelas de Derecho, lo que da como consecuencia que millones de mexicanos no tengan un efectivo acceso a la justicia, ni a la jurisdicción del Estado.

Durante su participación, el ombudsman nacional declaró que para la CNDH es indispensable que todas las personas puedan tener una representación legal, pertinente, accesible y oportuna cuando acudan ante una instancia de impartición de justicia.

“Universidades e instituciones de educación superior, como la UNAM, han incursionado en el campo de la representación jurídica gratuita; no obstante, aún no se satisface integralmente la demanda de servicios legales que tiene nuestra sociedad”, precisó. El sistema pro bono todavía no ha sido estudiado como una vía para que los abogados asuman la responsabilidad social y contribuyan a generar una sociedad más justa, libre e igualitaria; es necesario poner como premisa en la actividad diaria trabajar por el bien de México.

Hizo un llamado a las asociaciones de abogados y a los despachos profesionales para que pongan al servicio de las causas más urgentes de México su experiencia y sus conocimientos, para que con plena conciencia social, vocación de servicio y un ánimo altruista, asuman la defensa de casos y personas que sin su intervención difícilmente podrían acceder a la justicia a la que todos tenemos derecho.

En el marco de la clausura, González Pérez anunció que la CNDH entregará anualmente un reconocimiento a la responsabilidad social de los abogados que tenga por objeto dar testimonio y reconocer ante la sociedad mexicana los trabajos y los esfuerzos que de manera altruista puedan emprender despachos y profesionales independientes en el área jurídica.

Durante su intervención, Pedro Salazar consideró que es necesario concebir al Derecho como un instrumento útil para transformar la realidad. Indicó que la profesión jurídica debe ser vista desde una perspectiva de responsabilidad social a nivel nacional y mundial.

La mesa referente al tema “La responsabilidad social de la abogacía” contó con la participación de José Ramón Antón, de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, quien centró su exposición en la forma en que se debe analizar cómo los colegios de abogados deben posicionarse con respecto a esta responsabilidad, la cual es de carácter voluntario y exige una actitud proactiva.

No obstante, consideró tres tipos de riesgos: 1) calidad (no por ser voluntario se tiene que demeritar su servicio); 2) sustitución (que la abogacía no sustituya la obligación del Estado de pagar a defensores públicos), y 3) el concepto de marca y los beneficios fiscales, principalmente utilizados en Estados Unidos.

Por su parte, Carmen Pérez Andújar, miembro de la junta de gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, hizo votos para que en México se apruebe la colegiación obligatoria. Indicó que la deontología siempre tiene que estar dentro de los colegios profesionales. Refirió que desde el año 2008 se creó el Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía Madrileña, con el objetivo de atender la responsabilidad social del colegio y de los abogados.

Diana Singleton, del Access to Justice Institute, de la Universidad de Seattle, habló del trabajo que realizan al servicio de las personas más vulnerables de la sociedad, y declaró la urgencia de crear una cultura pro bono en las escuelas de Derecho: “En los estados de Nueva York, Montana, California, Nueva Jersey y Connecticut es necesario comprobar que se realizaron 50 horas de servicio pro bono para poder graduarse y acceder a un puesto laboral”.

La mesa de análisis “La experiencia mexicana” tuvo como ponente a Alfonso Pérez Cuéllar Martínez, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, quien expuso la necesidad de una mayor difusión, clara y sencilla, de las obligaciones y los derechos fundamentales de la ciudadanía.

En materia de colegiación y certificación obligatoria indicó que la iniciativa ya está en el Senado de la República y posteriormente será acompañada de unaLey General de Abogacía Mexicana. Reconoció el trabajo de los tres principales colegios de abogados en México para consolidar el impulso de la reforma constitucional en esta materia.

Durante su intervención, Julio Copo Terrés, de la Fundación Barra Mexicana, refirió que una vez al semestre acude a la Barra Mexicana de Abogados para hablar a los estudiantes sobre la responsabilidad social; indicó que en la fundación los barristas ponen al servicio de la comunidad sus capacidades en temas de interés social, mediante el sistema pro bono o el litigio estratégico.

Marisol González Ortega Roque, miembro de la coordinación pro bono de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y del consejo de la Fundación Appleseed en México, declaró que la ANADE está muy comprometida con el trabajo pro bono, motivo por el cual creó la coordinación general en esa materia, la cual apoya diversos temas, entre los que destaca la iniciativa “Adopta una A.C.” Aseguró que es muy importante contar con una norma que regule el funcionamiento pro bono para que sea medible, cuantificable y demostrable.

Appleseed y la ANADE pretenden crear un premio con el que se reconozca la trayectoria y la labor de abogados y bufetes jurídicos en materia pro bono.

Al clausurar el evento, Óscar Cruz Barney resumió las conclusiones a las que llegó el seminario: 1) La abogacía sirve al interés público de la justicia, y tiene obligaciones no sólo frente al cliente, los jueces o los tribunales, sino fundamentalmente ante la sociedad. 2) El cumplimiento de las obligaciones sociales de los abogados es parte fundamental de su ejercicio profesional y elemento necesario para la consolidación del Estado de Derecho y de la preservación de la paz social. 3) El acceso a la justicia de las personas, grupos o comunidades en situación de desventaja o exclusión social debe ser posible mediante la acción de los abogados y de los mecanismos de defensoría pública dependientes del Estado. 4) La participación de abogados en tareas de asesoramiento y formación para colectivos o comunidades vulnerables es fundamental y debe promoverse en los colegios de abogados, las universidades y las entidades de educación superior, haya o no colegiación obligatoria. 5) Es necesario inculcar la cultura de la responsabilidad social de la abogacía y del trabajo pro bono en la formación de los abogados. 6) La colegiación obligatoria de la abogacía es el medio idóneo para organizar y promover un ejercicio profesional responsable socialmente y un servicio social y trabajo por bono organizado, medible y reportable

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Asamblea general ordinaria del Ilustre

Diana Reyes

El pasado 17 de junio el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) llevó a cabo su asamblea general ordinaria, en la que Alfonso Pérez-Cuéllar Martínez, presidente del colegio, rindió su informe correspondiente al periodo de diciembre de 2014 a junio de 2015. Al acto asistieron representantes del Poder Judicial y de diversos colegios de abogados e instituciones universitarias, así como miembros y ex presidentes del INCAM.

El presídium estuvo integrado por Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; Manuel Hallivis Pelayo, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR; Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; Sergio Jaime Rochín del Rincón, comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Ricardo Ríos Ferrer, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados; Ricardo Cervantes Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados; Ricardo Sodi Cuéllar, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac; Rafael Anzures Uribe, vocal de la Escuela Libre de Derecho; Julio Hernández Pliego, vicepresidente del INCAM; Ignacio Ramírez Fernández del Castillo, primer secretario del INCAM, así como los ex presidentes y miembros de la Junta de Honor, Bernardo Fernández del Castillo Sánchez, Óscar Cruz Barney y Rafael Ramírez Moreno Santamarina.

Alfonso Pérez-Cuéllar reconoció el trabajo de las comisiones durante el primer semestre del año; respecto de los programas de educación continua indicó que el INCAM ha seguido participando en el diseño y la coordinación de la maestría en Derecho constitucional que se imparte conjuntamente con el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales; la maestría en Derecho estadounidense coordinada por Juan Javier del Granado, y la maestría en Derecho laboral que se imparte con la Escuela Libre de Derecho.

En su informe también destacó los convenios de cooperación suscritos con la Asociación Jurídica Mexicano-Libanesa Al Muhami, A.C.; con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y con la Academia Mexicana de Derecho Fiscal.

En materia de relaciones internacionales destacó que el colegio tuvo una activa participación en la Reunión de Consejos de Delegados de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), e informó que el INCAM será sede del Congreso UIBA en 2016.

Con respecto a la Ley General de la Abogacía Mexicana declaró que, junto con la Barra Mexicana y la ANADE, se impulsa contantemente su aprobación, la cual contempla la colegiación obligatoria para el gremio, la pasantía regulada, la certificación periódica, el examen de acceso a la profesión, el control ético y la regulación del secreto profesional.

En el marco del evento también se llevó a cabo la renovación parcial de la Junta Menor para el periodo 2015-2017, así como la toma de protesta de los nuevos miembros del colegio, en la que destacó el ingreso de Ricardo Cervantes Vargas, presidente de la ANADE, y de Ricardo Ríos Ferrer, presidente de la Barra Mexicana, ya que mediante un acuerdo se determinó que los presidentes en turno pertenecerán simultáneamente a los demás colegios.

Finalmente, a los invitados especiales se les hizo entrega de una medalla conmemorativa del INCAM.

Modifican diputados locales la Ley del Notariado de Chihuahua

Chihuahua, Chih.  30 de junio del 2015. A fin de de adecuar la Ley del Notariado del Estado de Chihuahua, en lo referente al cambio de residencia de los notarios, y a las necesidades actuales que el servicio notarial requiere para el beneficio de los ciudadanos, es que fue aprobado por unanimidad de votos a favor, la reforma a los artículos 46, 111 y 112 del ordenamiento estatal citado.

En la actualidad, los ciudadanos deben tener a su alcance un fedatario que pueda satisfacer sus requerimientos de fe pública, para hacer constar los hechos y actos jurídicos para dar autenticidad conforme a las leyes.

Dado a lo anterior, el nuevo articulado quedó redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 46. El Gobernador del Estado podrá autorizar el cambio de residencia de dos Notarios entre sí, cuando éstos lo soliciten.

Igualmente, oyendo al Consejo de Notarios y al Colegio de Notarios respectivo, en su caso, podrá autorizar el cambio de residencia del Notario que lo solicite y haya ejercido como titular de su notaría cuando menos durante cinco años, siempre que en el lugar en el que se pretenda fijar la nueva residencia, se encuentre vacante una notaría y ésta no haya sido convocada.

ARTICULO 111. Las patentes de Notario y de Aspirante al Ejercicio del Notariado, terminan por cualquiera de las siguientes causas:

I. a VII. …

Salvo que se hubiere renunciado y no se tuviere pendiente ningún procedimiento de responsabilidad administrativa, cuando la patente de un Notario termine por cualquiera de las causas señaladas en este artículo, también terminará su patente de Aspirante al Ejercicio del Notariado

ARTICULO 112. Se revocará la patente, aún la expedida por cambio de residencia, al Notario que no fije éste e inicie sus funciones dentro del término de cuarenta y cinco días siguientes al de la publicación de la misma en el Periódico Oficial del Estado, salvo que se convenga el cambio de residencia del titular con otro Notario, en cuyo caso el término se contará a partir de la autorización a que se refiere el artículo 46.

Cabe señalar por último, que este Decreto fue presentado al Pleno para su aprobación, por la Diputada Mayra Chávez Jiménez, Presidenta de la Comisión Dictaminadora de Justicia.

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Necesaria, la autonomía de poderes para aplicar reforma penal: TSJDF

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, advirtió que los tribunales locales no pueden estar sometidos a las prácticas de negociación política para conseguir recursos presupuestales, ya que solo evita la autonomía.

Al entregar la presea “Ignacio Manuel Altamirano 2015”, evento en el que estuvo presente el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, el magistrado presidente advirtió que si se busca que la reforma penal tenga éxito, se tiene que buscar una corresponsabilidad entre el gasto federal y local, a fin de brindar a los poderes judiciales locales la autonomía que tanto se busca.

“Que quede claro: los poderes judiciales no queremos más de lo que necesitamos, pero tampoco podemos con menos”, aseguró.

Además, señaló que el nuevo sistema de justicia penal tampoco se cumplirá si no se unifican las prácticas en todo el país.

“Muchas voces en desorden no vamos a conseguir más que hacer ruido; muchas voces unidas tienen fuerza y tienen sentido”, lanzó.

De la misma manera, recalcó, no habrá cambios significativos en la judicatura mexicana si se sigue defendiendo la posibilidad jurídica y política de impugnar las resoluciones tomadas en los senos de los poderes judiciales, por lo que pidió que las voces de plenos de magistrados se respeten.

Elías Azar subrayó que la reestructuración interna de los poderes judiciales son una necesidad para implementar el nuevo modelo de justicia.

“Técnicamente no podemos y moralmente no debemos pensar que una nueva estructura que requiere de nuevos engranajes, de nuevas tuercas y de nuevos tornillos pueda funcionar dentro del viejo cascarón viejo y obsoleto”.

La Medalla “Ignacio Manuel Altamirano” fue otorgada al magistrado José de Jesús Orozco Enríquez, en la categoría de Juzgador; a Miguel Sarre, por Investigación Docencia y Doctrina; y a María Elena Moreira Mitre, por el mérito al Derecho a la Justicia en la Sociedad Civil.

En el evento, el mandatario local afirmó que en la capital del país se seguirá avanzando en la impartición y procuración de justicia, así como en la protección de derechos humanos.

“Se ha hecho referencia a la justicia en los derechos humanos en donde tenemos que ser muy pujantes, donde tenemos que seguir poniendo atención”, dijo.

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